Entre menos escándalos de corrupción haya en el estado es mejor: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa señaló que aquí la ley se cumple, hay que ver si hubo irregularidades y las sanciones, en torno a posible daño patrimonial por más de 69 millones de pesos en la gestión de Claudia Rivera Vivanco detectadas por la Auditoria Superior del Estado.

Dijo que ojalá todo sea explicable, entre menos escándalos de corrupción haya en el estado es mejor.

Ponderó que no es definitivo, pues la Auditoria hace revisiones previas, hay plazos para responder a las observaciones correspondientes y todo un procedimiento.

Las Auditorias Superiores, tanto la Estatal como la Federal señalan plazos y "cumples y se acabó. Espero que todo sea explicable".

En la revisión a sus cuentas públicas destacan 10 contratos con irregularidades en el proceso de licitación, la ubicación de los contratos, la comprobación de los servicios prestados y costos altos, entre otras causas.

De esta decena de inversiones de recursos públicos observadas, destaca la contratación de la empresa Atelier Geometrique S.A., que prestó un servicio de barrido mecánico por 64 millones 976 mil 999 pesos.

En este caso, el más elevado de las observaciones, la auditoría identificó irregularidades en el proceso de licitación y también en la transparencia de los contratos.

El siguiente monto más alto es el de la empresa Merh Construcciones, S.A. de C.V. para el servicio de balanceo y cargas de la instalación eléctrica de inmuebles municipales, donde se señalan irregularidades en la licitación y dificultades para comprobar los servicios prestados al Ayuntamiento.

Asimismo, 852 mil 990 pesos observados por pagos superiores a los tabuladores para personas contratadas por honorarios; así como montos más bajos, pero irregulares, para el pago de servicios profesionales, pagos de fin de año y en la Contraloría.

Además, observaciones menores a los 300 mil pesos tienen que ver con irregularidades en la compra de alimentos para las elecciones en juntas auxiliares y con pagos a prestadores de servicios que no acreditaron la escolaridad requerida.

(foto: Archivo)

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