El Sistema de Justicia Penal en los estados tiene deudas pendientes con las víctimas, los imputados y con sus operadores jurídicos ante los altos niveles de impunidad que dan cuenta de los retos que existen en la procuración de justicia.

De acuerdo con la auditoría realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en colaboración con la Fiscalía de Coahuila, y con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), de enero a mayo del 2022, casi 95 por ciento de los delitos registrados a nivel nacional pertenecieron al fuero común, es decir, su investigación le corresponde a las Fiscalías locales de los estados.

El IMCO evaluó de manera integral la forma en la que se administra la justicia penal en las agencias del ministerio público de todas las regiones del Estado de Coahuila, donde se recorrieron 8 mil kilómetros y se revisaron mil 245 expedientes, se calificó a 612 servidores públicos y aplicaron 355 encuestas a ciudadanos.

Al mismo tiempo, el instituto llamó a mejorar capacidades profesionales y estabilidad laboral, al promover convocatorias basadas en el Servicio Civil de Carrera para ocupar plazas de agente del ministerio público, policía de investigación y peritos.

El IMCO resaltó la importancia de incentivar el uso de mecanismos de solución de controversias en delitos de bajo impacto, para dar una respuesta rápida y económica a las partes; así como priorizar y concentrar los recursos de la institución en la investigación de aquellos delitos que representan mayor complejidad e impacto social.