El sector automotor y empresarial en México rechazó la aprobación en la Cámara de Diputados sobre la legalización de los vehículos importados.
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentó que una vez más en la Cámara de Diputados se avaló una decisión que fomenta la ilegalidad.
“Nos parece que decisiones de esa naturaleza cuando estamos tratando de construir un país donde las leyes prevalezcan, donde todos tengamos que obedecer el mandato de la legislación y al mismo tiempo los creadores de las leyes, en este caso la Cámara de Diputados, vuelvan a insistir en la legalización de vehículos, dando la promesa de que esta situación puede ser regularizada en el futuro, nos parece fuera de proporción, de contexto y nos causa preocupación”, explicó.
Por su parte, Eduardo Solis, Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), recalcó el rechazo de la industria a que se legisle para legitimar lo que es ilegal.
"El contrabando no puede legitimarse a través de cambios en leyes", apuntó.
Ratificó la postura del sector automotor de mantener los espacios de diálogo con el Congreso y el Ejecutivo para que por medio de los instrumentos jurídicos de los que dispone el gobierno federal se den facilidades administrativas para que los vehículos que ingresaron al país sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero, puedan hacerlo cumpliendo los requisitos que marca el Decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados.
Mientras que Guillermo Prieto Treviño, presidente de la AMDA, manifestó que es necesario que los Senadores reiteren su negativa a regularizar los vehículos de procedencia extranjera debido al impacto negativo que tendría en el mercado automotor, el cual se encuentra en crisis con resultados negativos durante los últimos tres años, así como en la disminución de la recaudación fiscal que se causaría si las ventas de vehículos nuevos cayera 30 por ciento respecto al momento actual.
Dijo que tan sólo el impacto en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se dejaría de causar se estima en más de 50 mil millones de pesos.
En el mismo tenor, el representante de los distribuidores de vehículos enfatizó que la regularización de vehículos ilegales provocaría una disminución de hasta 20 mil puestos de trabajo en la red de distribuidores automotrices.
Se prevé que el próximo martes 5 de noviembre la Cámara de Senadores someta a votación el polémico artículo décimo quinto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.
