Al cierre de 2022 Puebla se ubicó como el sitio 17 en presupuesto y el noveno estado del país por su personal en los plenos de los poderes judiciales, incluidos magistrados, jueces y consejería, donde 19 por ciento de los magistrados fueron mujeres.

Al cierre de 2022, los plenos de los poderes judiciales estatales se integraron por 733 personas magistradas y consejeras, de los cuales 446 eran hombres y 287 mujeres, es decir 60.8 y 39.2 por ciento, respectivamente.

Además, 5 mil 025 servidoras y servidores públicos contaron con el cargo de magistrados y jueces en los órganos jurisdiccionales: 56.6 % correspondió a hombres y 43.4 %, a mujeres.

Ciudad de México con 10 mil 854, Estado de México con 5 mil 801, seguidos de Chihuahua (3 mil 621), Guanajuato (3 mil 556) y Jalisco (3 mil 206), son las entidades con más personal en sus poderes judiciales estatales.

Puebla por su parte sumó 2 mil 547 personas y servidores públicos adscritos a los poderes judiciales estatales, incluidos jueces y magistrados, superado por Veracruz, Chiapas, Oaxaca.

En contraste, en materia de presupuesto, el estado contó con 990.3 millones de pesos, mientras que Ciudad de México y Estado de México concentraron más de una cuarta parte del total con alrededor de 27.9 por ciento de los 45 mil 839.66 millones de pesos ejercidos en las 32 entidades federativas.

En 2022, se reportaron 2 millones 154 mil 768 asuntos ingresados y 1 millón 320 mil 702 asuntos concluidos y/ o determinados por los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales estatales, en todas las materias.

En materia penal, a 110 mil 330 personas procesadas y/o imputadas se les determinó alguna resolución. Del total, 85.2% fue vinculada a proceso; 7.8% no fue vinculada y para un 7% no se identificó el tipo de determinación. Con respecto a 2021, la cantidad de personas vinculadas a proceso aumentó 28.6 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2023, con información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño del Poder Judicial de cada entidad federativa, con el objetivo de vincular los datos con el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en esta materia.