Puebla registra baja en incidencia delictiva y carpetas de investigación

Puebla se ubicó en el sitio 14 entre los estados del país en la tasa de carpetas de investigación por incidencia delictiva por cada 10 mil unidades económicas, conforme el Monitor de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el cual ubica a Aguascalientes, Baja California, Quintana Roo, Querétaro, Ciudad de México y Estado de México con la mayor incidencia.

El análisis detalla que Aguascalientes sumó 344 casos por cada 10 mil unidades económicas, Baja California 339, Quintana Roo 289, Querétaro 285, Ciudad de México 261 y Estado de México 249 casos.

En contraste, Puebla registró 130 casos, prácticamente 37.8 por ciento del puntero Aguascalientes y la mitad con relación a Ciudad de México.

Con 439 mil 567 registros, durante los 56 meses de la administración federal actual se ha registrado la mayor cantidad de carpetas de investigación para un periodo similar.

El análisis plantea que en 13 entidades aumentó el número de carpetas de investigación con respecto a 2022, donde Nayarit pasó de 124 a 180 casos, Campeche pasó de 467 a 581 y Zacatecas pasó de 128 a 157 registros.

Puebla, por su parte, bajó su incidencia en -2.9 por ciento, en contraste con estados circunvecinos como Tlaxcala que subió 19.2 por ciento y Ciudad de México en 14.7 por ciento.

En cuanto a robo con violencia, mientras que Baja California suma 241 por cada 10 mil unidades económicas y Estado de México 132, Puebla reporta 76 registros por cada 10 mil negocios, es decir, 2 por ciento menos que en el año previo.

No obstante, Puebla capital está en el sitio 20 entre los municipios del país  con mayor tasa de carpetas de investigación con 154 casos por cada 10 mil casos, ante lo cual, la Coparmex propone continuar con el fomento de la denuncia anónima, uso de herramientas tecnológicas que faciliten la denuncia, análisis de los cuadrantes con mayor afectación por delincuencia, mesas de paz y seguridad más incluyentes, capacitación a policías y ministerios públicos con el fin de atender correctamente los delitos denunciados.

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