La secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, dijo que se carece de precisión en torno a la recuperación de recursos estatales depositados en el quebrantado Accendo Banco, que el 28 de septiembre del 2021 se revocó su permiso de operación, lo que afecto a más de 400 inversores, incluidos 17 entes públicos como el Gobierno del Estado de Puebla.

Deslindó en torno a la posibilidad de la recuperación del dinero depositado por el gobierno estatal en Banco Accendo que se desconoce con precisión, en virtud de que la autoridad competente es el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y ellos son los que contratan al despacho litigador” para que tome los activos del banco en quiebra y los someta a una liquidación.

Luego, reconoció que definitívamente no se podrá recuperar el monto invertido en el quebrantado banco.

La secretaria de Planeación y Finanzas compareció hoy ante el Congreso de Puebla para rendir cuentas sobre el boquete financiero que se generó bajo su administración, al deslindar que si bien fueron 3 mil 200 millones de pesos en diversos depósitos en Accendo, el monto controvertido no recuperado es de 600 millones de pesos.

Sostuvo que los 600 millones de pesos invertidos no formaban parte del presupuesto estatal, sino que eran recursos de una reserva de administraciones anteriores, además de que existen 17 entes públicos que realizaron inversiones en la misma institución financiera.

Al comparecer ante el pleno argumentó que entre los motivos por los cuales se decidió invertir en el citado banco, es que estaba avalado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además de que en 2021 la entidad supervisora le había dado el grado uno en el momento en que se hicieron las inversiones.

Explicó que se decidió invertir una reserva financiera de ejercicios anterior y dentro de la legalidad ya que estaba en la lista de instituciones seguras ofreciendo la tasa más redituable, ya daba 1.5 por ciento más que otros bancos o Certificados de la Tesorería y el 11 septiembre 2021 era calificada esa banca con grado uno por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Expresó que en estos momentos son alrededor de 400 acreedores y hay gobiernos de los estados, y otras instituciones, además de que se ha presentado una información sesgada.

Conforme la CNBV, el pago de las operaciones a favor de los depositantes y demás acreedores de Accendo Banco que constituyen obligaciones garantizadas se realizará hasta el límite del equivalente a 400 mil UDIS de acuerdo con lo indicado en la ley vigente (2 millones 768 mil 169.20 pesos), sin recurrir a recursos públicos y con cargo al Fondo de Protección al Ahorro Bancario, el cual se compone por las cuotas que las instituciones de banca múltiple están obligadas a pagar al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), de conformidad con la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB).

Refirió que se presentó denuncia penal por los daños generados al presupuesto por el manejo del crédito fiscal generado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el gobierno de Rafael Moreno Valle por una inadecuada devolución de impuestos, que se tradujo en costos aproximados de 200 millones de pesos anuales desde 2015.

En torno al crédito fiscal, que se recuperó en parte gracias a las gestiones del gobernador Sergio Salomón Cespedes, señaló que son mil 956 millones rescatados y reiteró se presentó una denuncia penal por el daño que se generó al presupuesto.

Antes se dedicó a lanzar culpas en torno a temas como los recursos aplicados para la construcción de las plataformas para asentar la nave industrial de Audi México, luego de gestiones de la Secretaría de Economía en el gobierno morenovallista que implicaron una deuda a través de PPS.