Este martes el Poder Ejecutivo presentó al Congreso su proyecto de Ley de Ingresos y Egresos para 2023, con una base presupuestal de 119 mil 199.9 millones de pesos, que, al igual que en los años previos, no recurrirá a financiamiento o préstamos, dijo el gobernador Miguel Barbosa, luego que cerca del 5% de recursos serán para cubrir obligaciones de deuda contraidos por anteriores gobiernos a través de PPS y APP.

De los recursos federales del Ramo 33, etiquetados previamente, están dispuestos a sectores de educación, salud y bienestar, recursos a municipios, el monto previsto es de 58 mil 174.8 millones de pesos que representa el 48.8% de la iniciativa.

Por su parte, el 51.2 por ciento, es decir, 61 mil 025 millones de pesos, son de libre disposición, que el gobierno del estado ejerce a través de convenios y la coordinación con el gobierno de la República, donde hay una proporción, una parte la federación y otra parte el estado.

Con los 61 mil 25 millones tenemos una rigidez para el pago de nóminas, con recursos estatales, 22 mil 154.2 millones van a nómina, de los cuáles el magisterio absorbe 13 mil 247.5 millones de pesos, aunado a que cada año percibe un incremento salarial, por lo cual el estado tiene una previsión correspondiente, con base en estimaciones.

La secretaria de Finanzas, Teresa Castro, observó que la velocidad con la que crecen los salarios es mayor que la recaudación (y) “lo que sucede es que debemos sacrificar otros proyectos por cumplir obligaciones”. El magisterio ocupa gran parte del recurso.

Asimismo, todos las Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), que incluyen la plataforma Audi, la Red Urbana de Transporte Articulado, Museo Barroco, programas de apoyos a Volkswagen y el Centro Integral de Servicios (CIS) es deuda heredada, a la cual se les destina para servicio de deuda 2 mil 500 millones. Se tiene que cubrir recursos multianuales.

Mientras, a los municipios se reparte cerca de 11 mil 500 millones, en tanto que las obligaciones de los poderes y órganos autónomos suman más de 3 mil 500 millones, el gasto de operación del sector educativo más de 4 mil millones, al igual que los pari passus (es decir recursos con garantías de riesgo compartido para cumplir diversas obligaciones) son más de 4 mil millones. 

PRESUPUESTO POR SECTORES

El sector educativo tiene una asignación de 35 mil 907 millones de pesos, seguridad pública tiene 4 mil 100 millones más sus previsiones, en salud se consideran 12 mil 923 millones, aunado a que dentro de las asignaciones uno de los sectores que ha sido un apoyo estatal es en materia de campo, con más de 400 millones de procedencia estatal, mientras que el Sistema DIF 1 mil 400 millones de pesos.

El Poder Judicial tendrá 1 mil 100 millones de pesos, se tiene una previsión adicional de más de 1 450 millones de pesos; mientras que, para la Fiscalía 1 mil 500 millones.

“Todas las áreas que tiene un impacto social tendrán aumentos presupuestales, pues, la prioridad es la gente, sin poner en sacrificio la operación de las dependencias, hacemos disminución en gastos administrativos”, dijo la secretaria de Finanzas.