(Foto: Archivo).

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, deslindó que la acusación en torno a Francisco Romero Serrano por operaciones de recursos de procedencia ilícita no provino de la administración estatal.

Romero Serrano, suspendido de su cargo como Auditor Superior del Estado, enfrenta una indagatoria por investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Poder Ejecutivo no ha presentado denuncia alguna, sostuvo Barbosa.

El caso del Auditor no fue del gobierno del estado (la acusación), sino proviene de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. No fue el Gobierno del Estado quien presentó la denuncia.

El Poder Ejecutivo no ha puesto denuncia alguna y el proceso por delitos financieros y operaciones de recursos de procedencia ilícita se arranca con una investigación de la UIF, dijo.

Sobre la suspensión del cargo que como medida cautelar dicta un juez, puntualizó que no tiene plazo.

Explicó que el Auditor está suspendido de su cargo y, por otro lado, hay un trámite por parte de los diputados locales para su remoción.

Comentó hoy se daría una audiencia en torno a la imputación para resolver la vinculación a proceso del exsecretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Arechiga en torno a irregularidades en su ejercicio.

Después, explicó, viene un periodo para imputación a proceso por las irregularidades cometidas por el servidor público hoy detenido.

En torno a más denuncias en contra de exfuncionarios de su gabinete, declaró que una denuncia deriva de la investigación y haber encontrado evidencias de actos irregulares, que puede ser por responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Agregó que se tienen múltiples denuncias contra funcionarios de gobiernos anteriores, de quienes ejercieron el poder público.

"Aquí no hay un manto protector, el gobernador no se vincula con nadie en un acto irregular ni recibe canonjías de nadie, ni de ningún área gubernamental. Las múltiples denuncias son por irregularidades de gobiernos anteriores, de la A a la G, todos, todos están metidos", concluyó.

Sobre los casos de Jorge Cruz Bermúdez y Javier Albizuri, señaló que hay mandamientos judiciales, pero esos exfuncionarios "pusieron tierra de por medio".