Los supuestos del gobierno federal en torno al crecimiento económico y el manejo de la deuda son cuestionables, pues sacrificar recursos para infraestructura afectará el desarrollo, consideró el analista de BBVA Research, Arnulfo Rodríguez.
Observó que para 2023 el gobierno federal prevé un déficit público de 3.6% del PIB (máximo nivel desde 1990) después de haber asumido un crecimiento económico puntual de 3.0% para la estimación de las finanzas públicas de este año.
No obstante, si el crecimiento resultara más cercano a la previsión del banco o inclusive a las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 1.2% y el consenso de analistas de 0.9%, los ingresos tributarios podrían ser menores a los programados y el déficit público podría ser superior a 3.6% de no ser posible hacer los ajustes compensatorios en el gasto público.
Si bien la proyección que hace el gobierno federal de 49.4% del PIB para el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (el concepto de deuda pública más amplio) está basada en pronósticos más conservadores de crecimiento económico (2.3% para 2023 y 2.0% para 2024-28), la estabilidad de este cociente asume que las necesidades de financiamiento del sector público se reducirán de 4.1% en 2023 a 2.7% del PIB en 2024-28.
Así, asumiendo que el crecimiento económico fuera 0.6%, 2.1% y 1.8% en 2023, 2024 y 2025, respectivamente, y que las necesidades de financiamiento público se mantuvieran en 4.1% del PIB en 2024 y 2025, el indicador de deuda pública más amplio sería de 50.2%, 51.4% y 52.7% del PIB, respectivamente.
Bajo este escenario de riesgo, el PIB tendría que crecer 2.3% en 2023 y 4.8% en 2024-25 para poder mantener la deuda pública estable en 49.4% del PIB en 2023-25.
Acotó que para lograr la estabilidad de la deuda pública en 2023-25, el gobierno federal prevé que el balance primario pase de - 0.2% en 2023 a 1.0% del PIB en 2024-25. Según la planeación financiera del gobierno federal en el documento de Criterios Generales de Política Económica para 2023, esto se lograría principalmente al disminuir la inversión física pública de 3.6% en 2023 a 2.2% del PIB en los próximos dos años.
Concluyó que si bien el gobierno federal tiene un mayor margen de control sobre el gasto en inversión física en el mediano plazo, resulta cuestionable que apoye la estabilidad de la deuda pública en menor inversión pública (como porcentaje del PIB) para no afectar el gasto corriente. Sin lugar a dudas, esta política económica terminará perjudicando el crecimiento potencial de la economía mexicana.
