Del 2014 al 2018, el monto de evasión fiscal en México alcanzó los dos billones de pesos, cifra equivalente a un 40 por ciento del presupuesto de egresos anual del gobierno federal, según el procurador fiscal Carlos Romero Aranda.

"Se convirtió en un deporte nacional el defraudar al fisco federal" porque hubo una percepción de que no pasa nada y de que no había un factor de riesgo, por lo que ahora se busca cambiar la legislación y hacer que estos delitos se castiguen como si fueran delitos de delincuencia organizada, dijo.

Durante su participación en el seminario Corrupción y Lavado de Dinero, organizado en el marco del XV aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Romero Aranda indicó que en la actualidad, el marco jurídico impide que las autoridades, especialmente la fiscal, puedan detectar el beneficiario final de una operación; sin embargo, se trabaja en mejorar la normatividad para eliminar las barreras.

“De 2014 al 2018, el monto de evasión fiscal por facturas está calculado en dos billones de pesos… esto quiere decir que son 500 mil millones de pesos al año, que es la décima parte del presupuesto al año lo que se está defraudando en estos esquemas”.

Ilustró que ha habido casos donde personas de “escasos recursos o de origen muy humilde”, a cambio de una pequeña cantidad se prestan para defraudar al fisco, pues firman como accionistas de empresas que defraudan o como administradores de las mismas.

Asimismo refirió casos donde llegan, al Servicio de Administración Tributaria (SAT), personas de avanzada edad a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes y a sacar su Firma Electrónica, que no tienen propiamente ingresos más allá de uno o dos salarios mínimos y al mes siguiente están sacando facturas por 100 millones de pesos, “entonces no cuadra una cosa con otra”.