En Puebla más de 920 mil mujeres trabajan en la informalidad, entre otras condiciones desfavorables que las excluyen de prestaciones y certidumbre jurídica, con brechas de ingreso del 35 por ciento y violencia laboral, conforme análisis del IMCO de cara al Día Internacional de la Mujer.
Por ejemplo, el 55% de las mujeres tienen un empleo dentro de la informalidad (en Puebla la proporción es del 70.2 por ciento), sin acceso a servicios de salud y prestaciones laborales.
La informalidad también implica que las mujeres en esa situación ganan, en promedio, 48% menos que sus pares en trabajos formales, aunado a que, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer recibe 65 pesos.
Asimismo, tres de cada 10 mujeres han enfrentado violencia laboral a lo largo de su vida, ya sea discriminación por razones de género, que se refleja en situaciones como tener menos oportunidades que un hombre para ascender o recibir un menor pago que sus pares hombres.
Estas disparidades en el mercado laboral tienen como resultado una menor autonomía económica para las mujeres.
En México, 21.5% de las mujeres no cuenta con ingresos propios.
Además, dependen en mayor medida que los hombres de transferencias económicas de terceros, provenientes de programas gubernamentales, remesas o transferencias familiares. Para las mujeres, 54% de sus ingresos provienen de fuentes terceras, mientras que para los hombres esta proporción desciende a 31 por ciento.
Esto implica que las mujeres tienen menor independencia económica, lo que puede resultar en limitar su autonomía en la toma de decisiones.
Asimismo, las prácticas culturales o los estereotipos de género, las desigualdades de género que enfrentan las mujeres en el hogar debido a una mayor carga de trabajo no remunerado y las condiciones desfavorables dentro del mercado laboral también se traducen en una baja presencia de mujeres en puestos de liderazgo tanto en el sector privado como en el público.
Por ejemplo, en las empresas, el talento de las mujeres se pierde a medida que se asciende en la escalera corporativa. De acuerdo con el estudio elaborado por el IMCO en alianza con Kiik Consultores, aunque las mujeres representan 43% de la plantilla laboral de las casi 200 empresas analizadas, la proporción disminuye a medida que aumenta el nivel jerárquico.
Las mujeres ocupan 25% de las direcciones de áreas jurídicas, 11% de las direcciones de finanzas y solo cuatro ocupan una dirección general. La presencia de mujeres en consejos de administración en México es de 13%, 17 puntos porcentuales debajo del promedio mundial.15
De seguir la tendencia actual, el país alcanzará la paridad de género hasta 2052.
En el sector público, México es el tercer país de América Latina con menor presencia de mujeres en los puestos de mayor nivel jerárquico, donde en las secretarías de Estado a nivel federal, ocupan 47% de los puestos de enlace –nivel de menor jerarquía–, sin embargo, esta proporción se reduce a 33% en los puestos de mando superior como subsecretarías, jefaturas de unidad y direcciones generales.
Esta baja representación de mujeres se traduce, a nivel agregado, en menores ingresos para las mujeres que trabajan en las secretarías de Estado. La brecha de ingreso por género en los puestos de mando es de 11%, es decir, por cada 100 pesos que recibe un hombre, una mujer recibe 89 pesos en los puestos de mando en las secretarías.
En ese contexto, el IMCO propone políticas de inclusión y alternativas de cuidados, pues, es crucial que desde el sector privado y público se invierta y colabore de manera intersectorial para establecer las condiciones propicias que permitan a las mujeres avanzar en sus carreras y alcanzar roles de liderazgo, así como redistribuir el trabajo de cuidados e invertir en ellos.
Por ejemplo, establecer un Sistema Nacional de Cuidados, es decir, un sistema de coordinación entre instituciones públicas que atienda las necesidades de cuidados del país. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que se requeriría de una inversión pública anual equivalente alrededor de 1.4%21 del PIB nacional, la cual podría ser financiada por un sistema tripartito entre el Estado, las empresas y los colaboradores.
Para lograrlo, es necesaria una reforma constitucional que reconozca que toda persona tiene derecho al cuidado digno, así como el derecho a cuidar. La Cámara de Diputados aprobó esta iniciativa en 2020, pero queda pendiente la aprobación por parte del Senado y de la mayoría de los congresos locales.
Posterior a ello será necesario expedir las leyes y normas secundarias correspondientes para establecer las atribuciones, competencias y responsabilidades de los gobiernos en esta materia para cada institución y orden de gobierno, así como otorgar las facultades para diseñar la política nacional de cuidados la cual contemple sus fuentes de financiamiento, la cual no existe en la actualidad.
También, implementar prácticas corporativas y políticas públicas para facilitar el regreso al trabajo de las mujeres después del embarazo, que las mujeres puedan permanecer en sus caminos profesionales, es decir, facilitar la transición de las mujeres a los centros de trabajo después del embarazo.
Entre las principales políticas destacan las licencias de paternidad o licencias parentales, estas últimas tienden a cubrir periodos más largos que son compartidos entre ambos padres. En el caso de México, es necesario avanzar hacia permisos de paternidad que se parezcan cada vez más a las licencias de maternidad, es decir, de la misma extensión (pasar de 5 a 84 días naturales), obligatorios, con goce de sueldo y financiados por la seguridad social.
