Impulsar la transición energética tiene como condición indispensable diversificar la planta de generación eléctrica para integrar fuentes de bajas o nulas emisiones de gases de efecto invernadero de forma acelerada, sugirió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Después que la Secretaría de Energía (Sener) reveló en un documento que se posterga el cumplimiento de México con sus metas de generación de energía limpia comprometidas en tratados internacionales y en su legislación doméstica de 2024 a 2031, el IMCO destacó que, en lugar de mirar hacia el futuro, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2022-2036,  está anclado en un pasado de combustibles fósiles que no es congruente con la tendencia mundial hacia la descarbonización de las matrices energéticas de los países, ni con los compromisos que México ha suscrito en materia de mitigación del cambio climático ni con la ley.

En este sentido, la planeación del Estado mexicano en materia eléctrica no aspira a un entorno más sustentable, ni a un México más competitivo, sino únicamente a beneficiar a la CFE.

La Sener estima que se producirá tan solo 30.5 por ciento de energía limpia para 2024. Las proyecciones de Prodesen 2022-2036 retrasan estos objetivos para 2031 y 2035, respectivamente.

Sin embargo, en el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reafirmó el compromiso de México con el Acuerdo de París. La meta es producir 35% de energía limpia para 2024 y 43 por ciento en 2030, según quedó establecido en la Ley de Transición Energética en el artículo 3 y la Ley General de Cambio Climático en su artículo Tercero Transitorio.

Esto implica incrementar la inversión en generación eléctrica renovable. En los hechos, Prodesen 2022-2036 reduce la expansión de capacidad instalada -renovable y no renovable- a un solo actor: la CFE. Esto le pone una responsabilidad a la empresa del Estado que no está en condiciones de asumir y genera presiones innecesarias sobre las finanzas públicas, además de ser una estrategia contraria a los tratados internacionales, la legislación y la regulación mexicanas, pues cierra la puerta a la inversión privada en un mercado abierto a la competencia.

Aún más, va en contra de las metas de transición energética del país. Cabe subrayar que la empresa del Estado no tiene planes ambiciosos para el tendido de energías renovables (poco más de 1 GW en nueva capacidad entre 2022 y 2025).