Por: René Sánchez Juárez
La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Secretaría de la Defensa Nacional se hiciera cargo de la Guardia Nacional unos años más, con la finalidad de combatir la delincuencia que existe en el país, en una primera instancia había generado unanimidad en contra por parte de toda la oposición.
Sin embargo, fue la legisladora Yolanda de la Torre del PRI, quien presentó la iniciativa para mantener al Ejército en labores de seguridad pública hasta 2029.
La sorpresa fue que el PRI quien de manera indirecta apoyaba la propuesta de Morena y del presidente, le costó la alianza legislativa y por lo tanto electoral con Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, con quienes habían estado en coalición desde el 2020 prácticamente.
La propuesta obtuvo los votos necesarios por parte de Morena, PT, PVEM y el PRI, con 335 votos a favor, 152 en contra y sólo una abstención con la reserva de que fuera hasta el 2028.
Alejandro Moreno cambió drásticamente su discurso, pasó de ser un perseguido político a un redentor de la seguridad pública del país.
Hay muchas posturas a favor y contra: mientras que a favor se encuentran aquellos que buscan combatir al crimen organizado con las instituciones que están altamente entrenadas y que pueden hacerle frente a los criminales; mientras que los que se encuentran en contra, manifiestan que el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública podría traer violaciones a los derechos humanos sin que nadie pueda quejarse sobre la situación y es que el papel del ejército en los últimos acontecimientos no los dejan con las mejores credenciales como fue Ayotzinapa, Tlayaya o casos de asociación con el crimen organizado.
Por lo que ahora le corresponderá al Senado en esta semana discutirlo en comisiones y dictaminarlo en el pleno.
La oposición ya ha adelantado su postura en contra de la iniciativa, pero sus números tal vez no le alcancen como ya pasó en la Cámara de Diputados.
Esta nueva postura del PRI y la de su presidente podría sentar las bases para la reforma electoral que ya había sido puesta en duda por la oposición, tal y como sucedió con la reforma energética.
Los senadores ahora tendrán la decisión sobre mantener al Ejército con labores de seguridad pública hasta el 2028 o dejarla en manos de los civiles.
