Por: René Sánchez Juárez
“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”. Fueron palabras que mencionó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos la semana pasada cuando rindió su informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia que se instaló por mandato del presidente López Obrador hace tres años y medio.
Con lo anterior el gobierno actual aceptaba que el Estado mexicano había sido partícipe de la desaparición de los jóvenes estudiantes, algo nunca visto por ningún tipo de gobierno. También comentó que “no hay indicios” de que ninguno de los normalistas desaparecidos esté vivo. Era la primera vez que un alto funcionario en público aceptaba que no hay posibilidad de encontrar a los estudiantes con vida.
El informe señala a las policías de Iguala y del pueblo vecino de Cocula, como cómplices de los Guerreros Unidos, así como otros policías de municipios cercanos y otros agentes estatales.
Pero el informe no sólo es sobre los hechos ocurridos en Guerrero, sino también sobre el papel de las autoridades investigadoras que sellaron el caso con lo que llamaron “la verdad histórica”. Mencionó “que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes” las acusó de “alterar hechos y circunstancias” para establecer una conclusión.
Desmintió la versión sobre el basurero de Cocula, donde supuestamente habían sido incinerados, también tiene la teoría que la vieja Fiscalía y marinos plantaron un hueso de los desaparecidos en río.
El informe presentado a los padres de los 43 de Ayotzinapa los dejaba con mucho que pensar, por lo que optaron no emitir comentarios hasta poder analizar el informe.
Derivada de la investigación se libró la orden de aprehensión en contra de Jesús Murillo Karam, ex Fiscal de la República y principal orquestador de la “verdad histórica” quien fue acusado de por los delitos de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia.
Los fiscales señalaron que en una reunión el 7 de octubre de 2014, Murillo Karam, Tomas Zerón -actualmente prófugo en Israel- y Omar García entre otros funcionarios, fue cuando se coludieron para armar la “verdad histórica”
Lejos está de terminar uno de los sucesos políticos sociales más vergonzosos de nuestro país, aún se encuentran más de 20 órdenes de aprehensión, pero es un buen inició el reconocimiento de que fue el Estado quien participó en la desaparición de los estudiantes y que la Fiscalía arme los procedimientos correctamente para que los responsables paguen su condena y que eventualmente encuentren los restos de los normalistas y les den paz a sus familias.
