La mejora regulatoria que se estableció por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, no es solamente una medida administrativa, es una política económica y cuando se hace bien, beneficia a las empresas, a los consumidores, a las propias autoridades, aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Octavio de la Torre de Stéffano.
El representante reiteró que el reto, es “aterrizar” esta política a todos los niveles de gobierno de manera que los beneficios de la simplificación administrativa lleguen a las micro, pequeñas y medianas empresas.
El representante informó que presentan una propuesta para evitar la sobre regulación, principalmente a nivel municipal, debido a que, de acuerdo al estudio realizado, “la sobrerregulación puede representar entre 544 mil y 907 mil millones de pesos, es decir, entre el 1.5% y el 2.5% del Producto Interno Bruto”.
“Preparamos un estudio con diferentes datos, nos va a servir para plantear si la regulación es necesaria, qué reglas nos deben de dar orden, certeza y protección, pero también vamos a decir con mucha claridad que cuando esos trámites se vuelven excesivos, repetitivos, costosos o poco claros, terminan afectando precisamente a quienes sí quieren cumplir”, afirmó.
Aseguró que la propuesta no significa dejar de cumplir con la regulación, sino encontrar los mecanismos para hacerla sencilla y eficiente al garantizar menos requisitos duplicados, menos días de espera, menos costos ocultos y más certeza para invertir.
“Simplificar no significa debilitar al Estado, simplificar significa construir un Estado más eficiente, más cercano y más capaz de acompañar a quienes sí generan empleo. Por eso si tomamos de base el costo económico estimado de la sobre regulación, incluso una reducción parcial, tendría un impacto relevante en la economía nacional”.
Señaló que una reducción de apenas 10% en trámites, podría liberar entre 54 mil y 90 mil millones de pesos; una reducción del 20% podría liberar hasta 181 mil millones de pesos.
“Si logramos avanzar hacia una reducción del 50% en la carga regulatoria estimada, el ahorro potencial podría llegar a los 453 mil millones de pesos”, aseguró.
Insistió que cada trámite que se simplifica, puede convertirse en capital productivo, que genere inversión directa en los negocios que están en la base.
