La Oficina del Representante Comercial de EU (USTR) propone imponer aranceles de 10 o 12.5 por ciento a las importaciones procedentes de 60 países, incluido México, que abastecen casi la totalidad de las importaciones estadounidenses, al considerar que no aplican de forma efectiva prohibiciones sobre bienes fabricados con trabajo forzado.
Luego de que la Corte Suprema anuló los gravámenes a las importaciones impuestos al invocar poderes de emergencia, el mandatario recurrió a otra disposición, se trata de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, para establecer un arancel general del 10 por ciento sobre las importaciones.
Sin embargo, esos aranceles tienen una duración limitada y vencerán el 24 de julio; ante la proximidad de esa fecha, ahora planea utilizar la Sección 301 de la misma ley para reemplazar esos gravámenes por otros de carácter más permanente y de magnitud similar, basándose en acusaciones relacionadas con el trabajo forzado.
Las importaciones procedentes de Brasil han sido señaladas para enfrentar aranceles de 25 por ciento bajo la Sección 301, aunque varios bienes de consumo, como el café y la carne de res, quedarían exentos.
Al mismo tiempo, la administración prepara el terreno para aplicar nuevos aranceles bajo esa misma disposición mediante una investigación sobre la supuesta existencia de exceso de capacidad manufacturera en 16 importantes socios comerciales.
Según la propuesta de la USTR, la tasa arancelaria dependerá de diversos criterios, entre ellos si el país de origen ha alcanzado un acuerdo comercial con la administración Trump.
También contempla un mecanismo especial que permitirá que un determinado volumen de importaciones de prendas de vestir y textiles procedentes de ciertas economías ingrese a Estados Unidos con una tasa reducida.