El director general de PetroIntelligence, Alejandro Montufar, señaló que el 87% de los gasolineros en el país participan en la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina Regular y el Diésel y respetan el acuerdo de ofrecer en 24 pesos el litro de gasolina Magna, mientras que 86% hacen lo propio al ofrecer el Diésel por debajo de los 27 pesos por litro.
El representante señaló que la participación del sector responde a la cuota de mercado que mantiene Petróleos Mexicanos (Pemex) en la venta al mayoreo de combustibles.
En entrevista, para Imagen Radio, el directivo aseguró que mantener esta medida en el largo plazo, sumado al endurecimiento de algunas normas regulatorias al sector, afectará de manera importante el nivel de inversión y planeación de nueva infraestructura para el despacho de combustibles, lo que provocará una reducción de la competencia en el mercado.
Esto significa que las estaciones de servicio que no forman parte del acuerdo corresponden a establecimientos con contratos vigentes con importadores privados, los cuales cuentan con condiciones comerciales que impiden su modificación o cancelación inmediata de contratos.
Consideró que será difícil un aumento significativo en la incorporación al acuerdo voluntario, pues de hacerlo las estaciones faltantes estarían perdiendo dinero.
Insistió en que la sobre regulación a la que están sujetos los gasolineros están frenando sus intenciones de inversión, principalmente para la construcción de nuevos puntos de venta.
Afirmó que la afectación para promover la inversión en el sector, podría generar, en el largo plazo, mayores precios, menor calidad y menor diversidad de servicios.
El experto expuso que el sector gasolinero se está enfrentando simultáneamente al retraso en la entrega de nuevos permisos de expendio, la obligación de implementar sistemas de recuperación de vapores a partir del próximo año y la entrada en vigor de esquemas de regularización de autoconsumo que permiten el suministro de diésel fuera de las estaciones.
Elementos que reducen la rentabilidad del sector y desalientan el desarrollo de proyectos de ampliación de la red.