México aplica medidas que pueden considerarse como una "contrarreforma" energética porque está limitando la generación privada de energías renovables, explicó Evert Sánchez, socio fundador de Stratego Consulting Group.

Comentó que las empresas privadas tienen argumentos a su favor porque los acuerdos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y de la Secretaría de Energía (Sener) contravienen aspectos de la reforma energética aprobada en 2013,

Según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), las medidas del gobierno federal ponen en peligro proyectos eléctricos en 18 estados con una inversión total de más de 30 mil millones de dólares; y ahuyentan las inversiones extranjeras en este sector y otros por la incertidumbre jurídica que genera.

"Lo que plantea esta política es una contrarreforma de facto. Si bien no va a ser una reforma constitucional, que sería difícil de pasar por todo el proceso que requiere la Constitución, sí es una reforma de facto en todo el sector energético", expuso el abogado.