El Gas Licuado de Petróleo se consume por 70 por ciento de los hogares, por lo cual un control artificial de precios inhibe la inversión, detona el “huachigas” y pone en entredicho las condiciones para garantizar su acceso en condiciones justas y equitativas, la certidumbre jurídica y la libre competencia, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Expuso que el sector de distribución enfrenta desafíos significativos, cada mes, las empresas recorren más de 60 millones de kilómetros para asegurar la cobertura nacional, lo que implica elevados costos operativos en combustibles, mantenimiento de flotillas, salarios, seguros y normativas de seguridad.
Por ello, señaló que para preservar la viabilidad del servicio, es indispensable que las políticas regulatorias reflejen la realidad económica del sector, evitando distorsiones que comprometan su operación.
La experiencia internacional confirma que el libre mercado es el mejor mecanismo para garantizar precios justos y condiciones equitativas para consumidores y empresas.
La "Tarifa de Distribución" representa hasta el 50% del precio final del Gas L.P., por lo que cualquier ajuste debe basarse en criterios técnicos y económicos que aseguren la sostenibilidad del servicio.
Recalcó que el control artificial de precios genera efectos adversos, como desabasto, disminución de la inversión y un crecimiento de los mercados informales que vulneran la seguridad de los consumidores.
La imposición de precios por parte del Gobierno desde hace seis meses, sin considerar los costos reales de distribución, está poniendo en riesgo la continuidad del servicio y generando impactos negativos en el sector como la reducción en la cobertura de la distribución, afectando a comunidades que dependen del Gas L.P. como principal fuente de energía.
Sostuvo que la situación detona una expansión del mercado ilegal, con la incursión de grupos dedicados a la distribución clandestina de combustibles (huachigas), lo que incrementa los riesgos de seguridad y vulnera la legalidad del sector, además que provoca la pérdida de empleos directos, con afectaciones para miles de familias que dependen de esta actividad.
La Coparmex señaló el riesgo en la seguridad operativa a mediano plazo, ya que la falta de viabilidad económica limita la capacidad de las empresas para renovar y mantener su infraestructura de distribución.
Con ello, también, un retroceso en el acceso a energéticos modernos, lo que podría obligar a algunas comunidades a recurrir al uso de leña como alternativa, con consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente.
La Coparmex postuló que las políticas energéticas deben garantizar eficiencia y sustentabilidad sin afectar la libre competencia ni poner en riesgo la continuidad del servicio, por lo que concluó resulta prioritario establecer condiciones que permitan a las empresas operar de manera rentable, cumpliendo con estándares de seguridad y calidad en beneficio de los consumidores.
