El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) alertó sobre las implicaciones sociales, económicas e institucionales las reformas planteadas en temas como pensiones por ser fiscalmente cuestionable, y la de salario mínimo por ser una camisa de fuerza a la competitividad del mercado laboral.

En torno a la reforma en materia de pensiones: explicó que la dinámica de envejecimiento poblacional, el incremento de la esperanza de vida en México y los problemas estructurales en el funcionamiento del mercado laboral plantean una serie de desafíos al sistema de pensiones.

Afirmó que para garantizar su sostenibilidad, una reforma en la materia demanda la implementación de políticas públicas fiscalmente responsables, progresivas y con una perspectiva de género que incrementen el número de personas adultas mayores que acceden a una pensión, así como sus montos, que se plantea sea igual a su último salario base de cotización, hasta por un monto equivalente al salario promedio de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social –IMSS– (16,777.68 pesos), además de reducir de 68 a 65 años la edad a partir de la cual la población tiene derecho a exigir al Estado mexicano una pensión no contributiva, es decir, financiada con cargo al erario. En el caso de las personas indígenas y afromexicanas, la edad para acceder a esta pensión se mantiene en los 65 años.

En caso de ser aprobada, una reforma de esta naturaleza responsabilizará al Estado mexicano de un pasivo que se incrementará a medida que aumente la población de 65 años y más en el país, la cual se prevé que se duplique en los siguientes 26 años, de 11.4 millones en 2024 a 24.9 millones en 2050.

Este compromiso financiero se adquiriría en un momento en el que las pensiones ya constituyen una parte significativa y creciente del gasto del sector público federal (22% del total, incluyendo las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores), por lo que un incremento adicional limitaría aún más la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios, en detrimento de distintos sectores de la población y de la competitividad del país.

En torno a la reforma en materia del Salario Mínimo (SM) observa que en un mercado laboral en el que 55.1% de los trabajadores tienen un empleo informal, no se les garantiza el cumplimiento de sus derechos laborales, al subrayar que, además de la inflación, se debe de considerad factores como el crecimiento económico, la productividad, la evolución del salario medio y los costos de operación de los empleadores.

De lo contrario, pueden representar un incentivo para la informalidad o un obstáculo para el crecimiento y la generación de empleos, al ejercer presión sobre los costos enfrentados por los productores, refirió.

El diseño de una política de salarios mínimos estrictamente ligada al comportamiento de la inflación impone una rigidez al mercado laboral para ajustarse ante diferentes escenarios del comportamiento del ciclo económico. En un entorno de crecimiento dinámico y bajas presiones inflacionarias, los incrementos al SM pueden impulsar no solo un aumento en el poder adquisitivo, sino una reducción en variables como la informalidad o la pobreza.

Por el contrario, un contexto de bajo crecimiento económico y alta inflación puede complicarse por un incremento demasiado alto en el Salario Mínimo, que presione los costos enfrentados por los productores y les incentive a contratar a sus empleados informalmente para evitar el cumplimiento de la legislación laboral. Así, el aumento en los costos puede representar un obstáculo adicional para una recuperación económica.