La secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, afirmó que, durante los primeros dos años de la actual administración federal, la dependencia ha generado ahorros preventivos por casi 84 mil millones de pesos.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria señaló que dichos ahorros derivan, principalmente, de la revisión de compras, contratos de obra pública y estructuras administrativas, además de sancionar a servidores públicos y empresas por diversas irregularidades.
Del monto reportado, 29 mil millones de pesos corresponden a estrategias de compras públicas, mientras que otros 42 mil millones provienen del seguimiento de contratos de obra pública, particularmente mediante la revisión de costos unitarios y posibles sobrecostos.
A lo anterior se suman 7 mil 800 millones de pesos derivados de la reorganización de estructuras gubernamentales y otros 4 mil 800 millones relacionados con el seguimiento de sanciones a servidores públicos y proveedores.
La secretaria también resaltó modificaciones a las reglas de adquisiciones para facilitar la participación de pequeñas empresas, productores y cooperativas. Como ejemplo, señaló la incorporación de cooperativas cafetaleras de Chiapas, Puebla y Oaxaca a las compras gubernamentales.
Según Buenrostro, actualmente 10 cooperativas de café venden al gobierno, mediante un esquema que involucra a 66 instituciones y que ha permitido incorporar a unas 5,000 familias productoras. También mencionó cinco cooperativas de limpieza integradas por más de 600 personas y procesos de compra dirigidos a pequeñas y medianas empresas del sector textil.
Respecto a las sanciones aplicadas, la secretaria informó que durante la administración han sido 4 mil 193 a servidores públicos, de ellos, 3 mil 528 corresponden a faltas no graves y 665 a faltas graves.
Algunas de las conductas detectadas fueron el otorgamiento o autorización de pagos indebidos, sustracción de información bajo resguardo, autorización de pagos por bienes o servicios no entregados, compras innecesarias, ocultamiento de bienes e incrementos patrimoniales, falsificación de documentos y casos de hostigamiento o acoso sexual.
También, mil 737 expedientes de servidores públicos fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por tratarse de faltas graves. De estos, Buenrostro señaló que 87 ya fueron notificados y sancionados, mientras que 1,650 permanecen en proceso.
En el caso de particulares, la dependencia reportó 286 personas morales sancionadas, principalmente por presentar documentación falsa en licitaciones, incumplir contratos, simular experiencia técnica y ocultar conflictos de interés.
En estos casos se han impuesto sanciones por mil 473 millones de pesos.
Para materia penal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó durante estos dos años 517 denuncias contra servidores públicos, de las cuales 53 han derivado en vinculaciones a proceso.
Entre los delitos identificados se encontraron enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.