Una vez que, de acuerdo al Inegi en México 4.1 millones de unidades económicas operan en la informalidad, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) presentó una propuesta para construir una Ley Nacional de Transición a la Formalidad.
El organismo señala que se debe modificar el enfoque central, de manera que la formalización deje de significar únicamente cumplir nuevas obligaciones y se convierta en una ruta gradual que permita a los negocios familiares crecer, acceder a beneficios y consolidarse.
El organismo recordó que la tasa de informalidad laboral alcanzó 55.1% durante el segundo trimestre de 2026.
Ante esta realidad planteó como meta que 30% de las unidades económicas informales puedan iniciar su tránsito hacia la formalidad en los próximos doce meses, a través del programa propuesto.
El presidente del organismo Octavio de la Torre de Stéffano señaló que el objetivo no es sumar obligaciones; “hemos avanzado en disminuirlas. Lo que necesitamos ahora es articular una herramienta para crecer, y una herramienta solo funciona si genera confianza. Con 55.1% de informalidad, necesitamos una política donde las personas puedan avanzar gradualmente hacia nuevos beneficios y también hacia nuevas responsabilidades», afirmó.
La ruta contempla tres momentos:
- acompañar, con diagnóstico y orientación fiscal, laboral y municipal;
- regularizar, con componentes definidos según actividad y nivel de riesgo;
- consolidar, con acceso a estabilidad regulatoria, financiamiento, capacitación, proveeduría y seguimiento.
Para las personas, la transición implicaría acceso a seguridad social, crédito y protección institucional; para los negocios, mayor estabilidad y acceso a cadenas de proveeduría y mercados; y para el Estado, un registro más confiable y una base contributiva más amplia.
El municipio actuaría como ventanilla de enlace, sin sustituir atribuciones de otras autoridades, para orientar, canalizar y dar seguimiento, mientras las Cámaras de Comercio participarían en acompañamiento y capacitación.
La propuesta incorpora plazos definidos, protección de datos personales y certeza regulatoria.