René Sánchez Juárez
En un mundo donde las multinacionales como Mondelēz International, gigante de los snacks con marcas como Ciclets, Oreo y Trident, prometen innovación y prosperidad, la realidad en sus plantas mexicanas pinta un panorama sombrío.
Se ha dado a conocer en medios de comunicación lo que muchos trabajadores ya sufrían en silencio: la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ha solicitado al gobierno mexicano activar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC contra Mondelēz, por negar el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva.
Esta no es una queja aislada, sino un eco de una lucha prolongada que expone el cinismo corporativo en perjuicio de cientos de empleados en Puebla.
Mondelēz ha sido acusada repetidamente de incumplir obligaciones laborales fundamentales. En su planta de Puebla, trabajadores denuncian una sistemática interferencia en procesos de sindicalización. La empresa, en complicidad con sindicatos «blancos», ha manipulado votaciones y amenazado con despidos para impedir la formación de otras organizaciones.
En mayo de 2025, el Sindicato Unión General de México, adherido a CONLABOR, presentó una queja ante el T-MEC, alegando que Mondelēz obstaculiza la libertad sindical y viola el derecho a la contratación colectiva. Esta segunda denuncia, en octubre, refuerza el patrón: despidos selectivos contra activistas, vigilancia ilegal y presiones para adherirse a contratos de protección patronal, que en México han sido un lastre heredado del “charrismo” sindical.
Ante este panorama, la relevancia del T-MEC no puede subestimarse. El Capítulo 23 del tratado, ratificado en 2020, impone estándares mínimos de derechos laborales alineados con convenios de la OIT, obligando a México a erradicar la impunidad en violaciones como la negación de sindicalización libre. El MLRR es una herramienta poderosa, permite investigaciones rápidas, auditorías independientes y, en casos graves, suspensiones de aranceles o paneles arbitrales que presionan a los gobiernos a actuar.
En el caso de Mondelēz, la intervención de la USTR, obliga a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a verificar si la empresa ha interferido en elecciones sindicales, como se alega en la petición. Sin este mecanismo, disputas como esta se dilatarían en la burocracia nacional, donde la corrupción y la influencia corporativa han frustrado reformas laborales previas. El T-MEC, en esencia, democratiza la justicia laboral transfronteriza, recordándonos que el comercio no puede prosperar sobre la explotación.
El caso de Mondelēz no es solo un fracaso empresarial, sino un desafío ético a la soberanía laboral mexicana. Apoyo incondicionalmente a los trabajadores: su derecho a organizarse en sindicatos no es negociable, es un pilar de la democracia económica.
Exigimos que el gobierno active el MLRR con celeridad, imponga sanciones ejemplares a Mondelēz y restaure la voz de los obreros. Solo así, el T-MEC no será un tratado de papel, sino un ejemplo de justicia. Los trabajadores de Puebla y México merecen respeto a sus derechos laborales.