Con el objetivo de conocer grado de adopción, uso y efectividad de las herramientas tecnológicas en las fiscalías del país, el centro de análisis, México Evalúa llevó a cabo el estudio “Justicia Digital: tecnología aplicada a investigación criminal en México”.
El estudio fue elaborado por medio de un cuestionario, vía solicitudes de información, a las 32 fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República (FGR).
Los resultados se desprenden de las respuestas enviadas por las 29 instituciones que contestaron el documento.
Los hallazgos muestran que, pese a algunos avances, persiste un rezago estructural en la transformación digital de las fiscalías.
Los resultados
la adopción tecnológica no ha implicado un cambio de paradigma en la investigación criminal, sino la reproducción de prácticas tradicionales sólo que en formato digital.
Como ejemplo, el organismo señala que 6 fiscalías respondieron de manera afirmativa al preguntarles si utilizan algún tipo de herramienta digital, desde Power Point hasta reconstrucciones de hechos en 3D, para presentar pruebas en audiencias. Ello refleja que las Fiscalías no están enfocadas a presentar sus casos en tribunales.
Sólo 3 de 29 fiscalías, esto es el 10.3%, cuentan con capacidades para rastrear direcciones IP, lo que significa una brecha crítica frente al uso de tecnología por parte de la criminalidad.
Únicamente una entidad reporta monitoreo y videograbación en tiempo real de patrullas ministeriales y 24 fiscalías carecen de esta herramienta.
Aunque 89.65% de las fiscalías tienen identificación dactilar y 86.2% de ADN, sólo 26.92% cuentan con reconocimiento facial.
En gestión de casos, la mayoría de las fiscalías reporta contar con sistemas utilizados cotidianamente; sin embargo, no logran diferenciar entre herramientas de gestión y simples repositorios documentales.
Desigualdad entre entidades
El estudio identifica desigualdades significativas entre entidades federativas, mientras en algunos estados se han desarrollado capacidades avanzadas, otros carecen de herramientas básicas, lo que reproduce inequidades en el acceso a la justicia.
Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa y responsable del estudio, señaló que, para que la tecnología funcione, debe integrarse a una estrategia clara de investigación criminal, centrada en las personas operadoras, con objetivos definidos y mecanismos de evaluación.
“Hoy el reto no es sólo qué herramientas adquirir, sino cómo usarlas para generar resultados concretos en la investigación criminal y la persecución penal.”
Recomendaciones
Entre las principales recomendaciones de política pública, México Evalúa plantea:
- Transitar de la adquisición tecnológica como fin en sí mismo hacia una gestión integral de capacidades de las fiscalías.
- Fortalecer la interoperabilidad entre policías y fiscalías.
- Invertir en capacitación continua del personal y que el uso de la tecnología sea una de las dimensiones de su evaluación.
- Diseñar estrategias y planeación orientada a resultados en la adquisición de tecnología por parte de las fiscalías.
Por lo anterior, el organismo hizo un llamado a las autoridades, de manera particular a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías estatales, a abrir espacios de diálogo y colaboración para construir soluciones conjuntas que fortalezcan la investigación criminal y contribuyan a reducir la impunidad para potenciar los resultados del uso de herramientas digitales.