La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) "valoró" que se haya pospuesto la aprobación de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pues si bien hay la necesidad de actualizar el marco legal del sector, promover la digitalización, ampliar la conectividad y simplificar procesos, debe revisarse con profundidad una iniciativa que, en su redacción actual, compromete principios esenciales para el desarrollo del ecosistema digital y la libre expresión.

Reiteró su llamado a un diálogo abierto, técnico y con todos los sectores involucrados, porque la propuesta plantea riesgos sustanciales: elimina la autonomía del regulador, erosiona la certeza jurídica, contraviene compromisos del T-MEC y debilita la competencia al permitir que entidades del Estado ofrezcan servicios comerciales bajo esquemas de subsidio, con asignaciones de espectro sin licitación ni contraprestación, y sin estar sujetas a un marco regulatorio equitativo.

Esta asimetría, observó, vulnera el artículo 18.18 del T-MEC, relativo a las Empresas Propiedad del Estado, y genera un entorno desigual que atenta contra la inversión, la innovación y el desarrollo tecnológico del país.

Manifestó su inquietud de facultar a la nueva Agencia para ordenar el bloqueo de plataformas digitales sin intervención judicial previa.

Esta medida, contenida en el artículo 109, vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y el debido proceso. La ausencia de salvaguardas claras abre la puerta a censura previa, genera incertidumbre jurídica y podría detonar controversias constitucionales e internacionales.

La ambigüedad en la definición de plataformas digitales propuesta en el artículo 3 amplía excesivamente las competencias regulatorias de la Agencia y contradice el principio de neutralidad tecnológica.

Esta redacción imprecisa permitiría regular servicios de Internet que no forman parte de las telecomunicaciones tradicionales, generando fragmentación normativa y posibles violaciones a los artículos 15.3 y 19.4 del T-MEC.

El debilitamiento del principio de neutralidad de la red es otro aspecto crítico.

Al eliminarse su definición legal y dejar su interpretación a lineamientos futuros de la ATDT, se introduce un alto grado de inseguridad para usuarios, operadores e inversionistas.

Por ende planteó que es indispensable preservar el texto vigente del artículo 145 de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para garantizar condiciones equitativas y transparentes en el uso de la red.

Asimismo, el transitorio décimo séptimo establece la suspensión de todos los trámites por un periodo de 60 días, lo que interrumpiría procesos fundamentales como licitaciones de espectro, autorizaciones de servicios y despliegue de infraestructura. Esta interrupción afectaría directamente la inversión, el desarrollo de tecnologías como 5G y la innovación digital en México.

El sector de telecomunicaciones representa el 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y genera más de 265 mil empleos directos.

De acuerdo con el Banco Mundial, un incremento del 10% en la penetración de banda ancha puede elevar el PIB en hasta 1.38 por ciento.

Esto demuestra su carácter estratégico para la inclusión, el crecimiento económico y la competitividad nacional.