La reacción del gobierno mexicano respecto a las medidas adoptadas por el Departamento del tesoro de Estados Unidos, fue oportuna, consideró Óscar Salomón Castañeda Lozada, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UPAEP.

En conferencia de medios al hablar del escándalo por delitos financieros que involucra a tres instituciones mexicanas, el catedrático destacó que el señalamiento obliga a entidades financieras estadounidenses a cortar vínculos operativos con las instituciones mexicanas implicadas en un plazo de 21 días. Como respuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un comunicado asegurando mantener colaboración con el gobierno estadounidense, y solicitó pruebas concretas de las acusaciones, mismas que hasta ahora no han sido entregadas.

“Se designó un administrador cautelar que sustituye al consejo de administración. Este puede autorizar erogaciones y suspender operaciones que pongan en peligro la estabilidad o liquidez de la institución”, explicó.

Salomón Castañeda aclaró que no se suspenden operaciones generales, y subrayó que las instituciones señaladas representan apenas poco más del 1% del total de activos del sistema bancario nacional. Por tanto, no representan un riesgo sistémico, aunque sí encienden alertas para fortalecer la vigilancia financiera.

Además, recordó que la Ley de Protección al Ahorro Bancario garantiza hasta 400 mil UDIS (aproximadamente 3 millones de pesos) por persona, lo cual brinda seguridad a los ahorradores ante cualquier eventualidad.

Castañeda Lozada consideró que este episodio debe asumirse como una oportunidad institucional para México, “no es momento de entrar en confrontaciones. Es momento de demostrar que nuestras autoridades también investigan, también actúan y también tienen datos para cooperar con sus homólogos estadounidenses”, afirmó.

Resaltó que el reto principal es restablecer la confianza, no solo ante el público ahorrador, sino también ante la comunidad internacional. Ello implica mejorar la colaboración binacional, evitar fugas de información y prevenir el uso de instituciones por grupos delictivos.

El experto de la UPAEP también advirtió que no se descarta que otras instituciones o intermediarios estén bajo investigación:

“En México operan 52 bancos. Las tres instituciones señaladas tienen bajo volumen de activos, lo que puede hacerlas más susceptibles a ser captadas por intereses ilícitos. Pero no son necesariamente las únicas bajo observación”, explicó.