Una vez que el gobierno de México abrió la puerta al desarrollo de recursos no convencionales para la producción de gas, la política energética mexicana podría experimentar un giro significativo.
Una de las técnicas que se señala para dicha explotación es el llamado fracking, aunque con énfasis en versiones sostenibles que prioricen el reciclaje de agua y la minimización de impactos ambientales.
La viabilidad del proyecto dependerá de la certidumbre regulatoria, el diseño de esquemas de inversión atractivos y de la capacidad de ejecución, en un entorno de restricciones financieras y de inexperiencia por parte de Pemex.
La paraestatal ha utilizado técnicas de estimulación hidráulica desde hace más de dos décadas, particularmente en proyectos como Chicontepec, donde se perforaron y fracturaron más de 900 pozos.
Puntos de interés
De acuerdo al centro de Estudios Económicos Banamex, en su más reciente reporte, México cuenta con un potencial abundante de gas de lutita, al ocupar el sexto lugar a nivel mundial, con recursos prospectivos estimados casi en 600 billones de pies cúbicos.
El documento señala que las reservas se concentran principalmente en cuencas del norte y noreste, principalmente en la Cuenca de Burgos (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), con alto potencial gasífero y extensión natural de yacimientos de lutita Eagle Ford de Texas.
Por otra parte, las áreas de Tampico-Misantla y Chicontepec (Veracruz, Puebla e Hidalgo), están más orientadas a petróleo de esquisto y líquidos, y la Cuenca Sabinas-Burro Picachos, rica en gas seco y condensados.
Los obstáculos
Se necesitan reunir muchas condiciones para que fracking eleve producción de gas y de petróleo en México.
Las propias limitaciones tecnológicas de Pemex implicarían la necesidad de contratos mixtos.
Otro punto son las fuertes presiones operativas y financieras de la institución que provocan restricciones para liderar por sí sola el desarrollo de yacimientos no convencionales.
Además, las tasas de declinación por pozo exigen una inversión sostenida para mantener la producción y volverla rentable.
Por lo tanto, un modelo basado exclusivamente en participación estatal implicaría mayores riesgos de ejecución, presión adicional sobre el balance de Pemex y del sector público en general y potenciales ineficiencias operativas y de medio ambiente.
En resumen, los “cuellos de botella” para la implementación del fracking son:
- Marco legal, incluido el régimen de propiedad del recurso en el subsuelo
- Rentabilidad, el precio de gas natural importado de EUA es muy bajo en términos históricos y en comparación internacional, el gobierno de México no considera el petróleo de lutitas que aumenta la probabilidad de que sea rentable extraer el gas asociado;
- Uso intensivo de agua, restricción relevante en regiones del norte del país con estrés hídrico elevado
- Infraestructura insuficiente, falta de ductos y redes de transporte que limitan la posibilidad de escalar la producción
- «Licencia social» por la potencial oposición entre comunidades locales y grupos ambientalistas