Al encabezar la develación de la placa conmemorativa por el 33 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHP), el gobernador Alejandro Armenta Mier, afirmó que garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos constituye una obligación fundamental de toda autoridad y un principio indispensable para la vida democrática.
El mandatario señaló que su administración asume la responsabilidad constitucional de respetar, proteger y garantizar las libertades y derechos de las personas, conforme al artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Estamos convencidos de que un gobierno democrático cumple con sus obligaciones a partir del ejercicio de los derechos, un gobierno tirano, dictatorial violenta los derechos”.
En este sentido, destacó que el Plan Estatal de Desarrollo, con horizonte al 2030, contempla la construcción de un Estado moderno, donde las personas ejerzan de manera plena sus derechos y encuentren condiciones para su desarrollo.
Explicó la administración estatal plantea tres ejes para cumplir esta responsabilidad, en coordinación con los poderes Legislativo y Judicial, así como con los organismos autónomos: seguridad, justicia y riqueza comunitaria, para generar oportunidades y una distribución más equitativa de los beneficios del desarrollo; así como una visión de inclusión social que coloque a las personas en el centro de las políticas públicas.
En su intervención, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, señaló que este organismo coloca a las personas en el centro de sus decisiones y representa un puente entre la ciudadanía y el Estado, ante una relación que durante años estuvo marcada por condiciones de desigualdad.
“El poder público existe para servir a las personas, no para estar encima de ellas (…) Su verdadera misión es contribuir a una sociedad donde el respeto a la dignidad humana sea una práctica cotidiana”, expresó.
Recordó que en 1990 surgió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, posteriormente, los organismos públicos de protección de los derechos humanos en las entidades federativas. En Puebla, la Comisión estatal inició funciones el 6 de septiembre de 1993, por lo que este año conmemora 33 años de servicio a la sociedad.