El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron la apertura de una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales de alto nivel en el estado.
Las autoridades de Estados Unidos acusan al gobernador tres delitos por los que de ser juzgado en dicho país podría alcanzar la cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Las imputaciones incluyen:
- Conspiración para la importación de narcóticos.
- Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
- Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
- Red gubernamental al servicio del narco
El caso, asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, detalla que los acusados presuntamente utilizaron sus cargos públicos para proteger al cártel de Sinaloa y asegurar el envío ininterrumpido de narcóticos letales hacia Estados Unidos.
El expediente y los documentos judiciales incluyen los siguientes señalamientos:
- Apoyo electoral ilícito: La acusación sostiene que Rocha Moya llegó a la gubernatura en noviembre de 2021 gracias a que la facción de Los Chapitos intervino en las elecciones, secuestrando e intimidando a sus rivales políticos.
- Reuniones con líderes del narcotráfico: Tanto en su etapa de candidato como de gobernador, Rocha Moya presuntamente asistió a encuentros directos con miembros de Los Chapitos.
- Pacto de impunidad: A cambio de su llegada al poder, se acusa al gobernador de prometer y garantizar total impunidad en Sinaloa para la organización criminal, permitiendo el tráfico de cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
La imputación no solo implica al gobernador del estado, sino a una red acusada por la corte neoyorquina que operaba en todos los niveles del gobierno y las fuerzas del orden de Sinaloa.
A cambio de recibir colectivamente millones de dólares en sobornos, los acusados presuntamente:
- Protegieron a los líderes del cártel de investigaciones y arrestos.
- Filtraron información militar y de inteligencia policial para frustrar operativos.
- Desplegaron a la Policía Estatal de Sinaloa, a la Policía de Investigación y a la Policía Municipal de Culiacán para custodiar cargamentos de droga y tolerar actos de violencia brutal sin represalias legales.
Solicitudes de detención con fines de extradición a EEUU no incluyen pruebas
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el martes 28 de abril a las 18 horas, se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del Gobierno de Estados Unidos.
Señaló que los documentos recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, no incluyen elementos de prueba para determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición.
Es así que, de acuerdo al proceso correspondiente, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
Respecto al tratamiento de la información que se dió en medios norteamericanos, la secretaría afirmó que enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos ya que, los tratados vigentes incluyen provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información.