El Centro Empresarial en Puebla (Coparmex), consideró que el análisis del proyecto del Cablebús debe partir de información objetiva y pública, evaluando su viabilidad técnica y financiera, la demanda estimada, los costos de operación y mantenimiento, las alternativas existentes, su integración al Sistema Integral de Movilidad y, sobre todo, los resultados que pueda generar para las personas.
Reconoció que la movilidad es un derecho humano y una condición indispensable para el desarrollo económico, la productividad y la calidad de vida de las personas.
Señaló que “el respeto irrestricto a la propiedad privada y la certeza jurídica son condiciones indispensables para el desarrollo económico y social, la generación de confianza, la inversión y la construcción de un mejor futuro para Puebla”.
El organismo manifestó que si bien, la expropiación es una figura reconocida por la Constitución, su ejercicio exige el más estricto cumplimiento de la ley, una vez que puede afectar el patrimonio de una persona.
Po ello afirmó que la existencia de una causa de utilidad pública no significa que cualquier afectación a la propiedad quede automáticamente justificada.
En ese sentido, el organismo hizo un llamado a las autoridades para que cualquier eventual procedimiento relacionado con la expropiación se evite o en su caso se conduzca con máxima transparencia, apertura al diálogo y absoluta certeza jurídica.
“Las personas afectadas deben conocer las razones, los estudios y los elementos que sustentan la decisión de la autoridad, así como contar con las condiciones necesarias para ejercer plenamente su derecho de defensa”, manifestó.
El organismo insistió que la certeza jurídica también exige que los proyectos públicos se conduzcan con responsabilidad presupuestal, transparencia en la contratación, rendición de cuentas y mecanismos eficaces para prevenir actos de corrupción.
En este contexto, afirmó que invertir en infraestructura de transporte que permita a trabajadores, estudiantes y familias trasladarse de manera más segura, eficiente y digna puede generar beneficios importantes para Puebla.
Defender la propiedad privada no significa estar en contra de la inversión pública, significa defender el Estado de derecho, la certeza jurídica y el respeto a los derechos de las personas como condiciones indispensables para generar confianza, inversión y desarrollo.
El organismo reiteró su disposición al diálogo y a la colaboración con las autoridades, la academia y la sociedad para que las decisiones en materia de transporte por cable se construyan con sustento técnico, responsabilidad en el uso de los recursos públicos, transparencia, respeto a los derechos de las personas y una visión de largo plazo para el desarrollo de Puebla