La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), es la encargada de negociar los derechos de transmisión de los partidos del Mundial, por país o región.
Este año, la Copa del Mundo tendrá, por primera vez, más de 100 encuentros, situación que hace muy complicada la regulación.
¿Quién verá qué y cómo?
En México, las cadenas nacionales tienen los derechos exclusivos de todos los partidos para México, y sólo alrededor de 35% será transmitido en señal abierta.
En algunos países de Sudamérica los derechos totales fueron comprados por firmas de cable.
Para los aficionados que buscarán cada uno de estos encuentros, sin duda, el uso de sitios web o apps que ofrecen transmisiones pirata, representan una opción de cobertura.
Es por ello que el pasado 24 de mayo, el Host City Manager del Mundial 2026 en México, Félix Aguirre Gil, dirigió un documento al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, para manifestar el problema de las transmisiones piratas y pedir una campaña informativa sobre la ilegalidad de estos servicios y los potenciales daños a usuarios y economía.
Entre las plataformas que opfrecerán el servicio de manera, no legal, se encuentran KaelusTV, ThunderTV, Telelatino, SunsetTV, PopTV, aunque son solo algunas.
En México, el proceso de bloqueo de estos sitios pirata generalmente involucra varias entidades.
Un juez federal puede emitir una orden judicial a petición de organismos encargados de la protección de derechos de autor o de la persecución de delitos relacionados con propiedad intelectual.
Posteriormente, los proveedores de internet ejecutan las restricciones técnicas dentro de sus redes, mientras que plataformas tecnológicas y motores de búsqueda pueden colaborar eliminando aplicaciones, enlaces o páginas relacionadas con los servicios ilegales.
El pasado 23 de abril, el aún titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto, afirmó que ese organismo se encargará de monitorear y bloquear los sitios pirata durante el Mundial, a partir de un recurso que será discutido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La experiencia observada en otros países demuestra que este tipo de bloqueos rara vez representa una solución.
Ya que, cuando una dirección o dominio es bloqueado, los operadores suelen reaccionar rápidamente cambiando el nombre de la plataforma, migrando sus servidores a nuevas jurisdicciones o registrando nuevos dominios que no estén incluidos en las listas de bloqueo.