La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de aprobar el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin una orden judicial previa será sumamente perjudicial.
Ya que la inversión depende de la certeza en el entorno institucional y cuando una autoridad puede restringir recursos sin control judicial previo, se afecta la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.
Afirmó que, con esta decisión, se establece un precedente delicado para el Estado de derechos, al permitir afectaciones directas al patrimonio de personas y empresas sin reglas plenamente definidas.
Señala que la medida generará efectos similares a una sanción antes de acreditar responsabilidad, lo que colocará a personas y empresas en una posición de desventaja para su defensa.
Aseguró que el impacto de esta resolución recae de manera desproporcionada sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan más del 99% del tejido empresarial y cuya operación depende de la liquidez diaria.
Por lo anterior, exhortaron al Poder Legislativo y a las autoridades regulatorias a considerar los vacíos que la norma vigente deja sin resolver y proponen:
- Definir con claridad los supuestos que justifican un bloqueo, mediante criterios objetivos y verificables.
- Establecer un control judicial previo que valide la legalidad de la medida en un plazo máximo de 6 horas; de no existir autorización en ese término, el bloqueo no podrá surtir efectos o deberá levantarse de inmediato. Asimismo, fijar un plazo razonable, no mayor a 15 días, para que la autoridad sustente la medida con elementos suficientes dentro de la investigación correspondiente.
- Garantizar la notificación inmediata al titular, con fundamentos claros que permitan ejercer su defensa.
- Crear un régimen de responsabilidad cuando existan afectaciones derivadas de actuaciones infundadas.
- Incorporar criterios de transparencia mediante la publicación periódica de información sobre el uso de estas facultades.
El organismo reafirmó su compromiso con la construcción de un entorno en el que el combate a la ilegalidad sea plenamente compatible con la seguridad jurídica.