El socio del despacho De la Vega y Martínez Rojas, Óscar de la Vega, afirmó que la capacidad de las empresas para acreditar que la cadena de suministro opera sin trabajo infantil y trabajo forzoso influye en la participación dentro de los mercados internacionales.
Tras el anuncio del Departamento de Trabajo de los EEUU que identificó 204 bienes producidos con trabajo infantil o forzoso en 82 países, el especialista señaló que «el problema en México no radica en la falta de legislación, sino en lograr que ésta se aplique de manera uniforme y efectiva en todo el territorio nacional».
De acuerdo a información publicada en El Financiero, el especialista diferenció entre trabajo infantil y trabajo forzoso, pues la Constitución y la Ley Federal del Trabajo prohíben el empleo de menores de 15 años y fijan condiciones para adolescentes de 15 a 17 años.
Mientras que el trabajo forzoso abarca actividades realizadas bajo coerción, amenazas, engaño o abuso de condición de vulnerabilidad.
La publicación destaca que de acuerdo al informe de 2024 del Departamento de Trabajo que identificó bienes producidos con trabajo infantil o forzoso en 82 países; en el caso de México, el estudio mantiene en la mira a productos agrícolas como la caña de azúcar, el jitomate, el café, el chile, el pepino, la cebolla y el melón.
El reporte señala que el gobierno mexicano cuenta con 660 inspectores federales del trabajo, número por debajo del parámetro requerido de 4 mil 35 inspectores para la cobertura de la población laboral.
El panorama adquiere relevancia central en las rondas de negociación y revisión entre México y Estados Unidos en el marco del T-MEC, donde la verificación laboral en los centros de trabajo y cadenas de valor influye en los acuerdos bilaterales y disputas comerciales.
En este contexto, De la Vega sostuvo que «la competitividad internacional ya no depende únicamente del costo de la mano de obra. Hoy las empresas deben demostrar que respetan los derechos humanos laborales en toda su cadena de suministro».
Respecto a las medidas de fiscalización en el país y su impacto en las exigencias del tratado, el abogado afirmó que «la inspección laboral es indispensable, pero por sí sola no resolverá el problema.
Es necesario fortalecer las políticas de educación, protección social, combate a la pobreza y desarrollo económico para atender las causas que originan estas prácticas».
Señaló que el cumplimiento de los estándares en las cadenas productivas, constituye un pilar en las negociaciones bilaterales de comercio e inversión.