Unos 300 quebrantados por la figura de Internacional de Franquicias Elite se han detectado en Puebla, Querétaro y Guadalajara, por lo cual la sugerencia es demandar a la persona jurídica que se refiere en su contrato por el delito de fraude.
Así lo plantea la Red Mexicana de Franquicias, al exponer que en Puebla suman 180 demandas en proceso de presentación ante la Fiscalía estatal, pudiéndose presentar en conjunto o individualmente las denuncias.
El vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias (MFN), Francisco Lobato Galindo, comentó que los abogados requieren demostrar la vinculación de los contratos con la figura de Elite o de su propietario, Alejandro Escalona, de cara a “una serie de imprecisiones existentes”.
Reveló que ahora les ofrecen un emprendimiento denominado Levo, para el lavado de autos a domicilio, cancelando el contrato primigenio y que su inversión se transfiera al nuevo proyecto con una App.
Añadió que se les coacciona a los inversores advirtiéndoles que de no hacerlo perderán su inversión y no se les pagarán los intereses adecuados.
Informó que lo que no se dice a los embaucados es que “esto dejaría sin posibilidad de defensa a los inversionistas, ya que automáticamente renunciarían a la posibilidad de exigir la devolución de lo invertido e incluso estarían aceptando que en caso de no ser viable el nuevo proyecto aceptan la pérdida de su inversión sin reserva alguna”.
Recalcó que la figura de Levo es inviable, pues se tendrían que lavar 30 mil autos diarios para recuperar las inversiones e insistió que si firman el contrato perderían los derechos y renunciarían a exigir su reembolso en la primera empresa adquirida.
“La suscripción de un convenio modificatorio del contrato primigenio celebrado con Internacional de Franquicias Elite, trae como consecuencia que el inversionista reconozca el pago de los adeudos anteriores, y la novación de la obligación, complicando el ejercicio de más acciones mercantiles o penales”, puntualizó.
Sugirió a los quebrantados que ya se busquen abogados penalistas e interpongan demandas ante la Fiscalía, configurando juicios por el delito de fraude, pues por la vía mercantil sería un proceso más largo.
Apuntó que aunque no es obligación de la Procuraduría federal del Consumidor (Profeco), en la delegación de Puebla si les están dando en forma gratuita asesoría legal para que promuevan sus querellas ante la Fiscalía e incluso en esa dependencia se radicaron algunos casos que oscilan de 100 mil a un millón de pesos en el monto de los quebrantos individuales.