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Puebla a media tabla en el Índice Legal de Obra Pública

Puebla se ubicó arriba de la media de 15 estados que integran el Índice Legal de Obra Pública elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

 

 

Puebla sumó 57 puntos en el Índice Legal de Obra Pública que consideró 144 variables diversas, donde Estado de México sumó 67 puntos, seguido de Veracruz (65%) y Sonora (64%), mientras que los niveles más bajos se registraron en Tamaulipas (32%), Nuevo León y Querétaro (26 por ciento, en ambos casos).

El análisis consideró en torno a los pendientes que Puebla tiene ausencias en el reglamento de planeación, comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), manuales de obra pública y reglamento de fiscalización.

Los diagnósticos entre 15 estados consideran planeación, es decir, si el gobierno estatal cuenta con un programa de obra pública (anual o multianual) alineado con los planes estatal y nacional del desarrollo.

Asimismo, en finanzas Públicas si el presupuesto ha sido aprobado para los proyectos contemplados en el programa de obra pública; si existe una competencia libre entre los oferentes (ya sea en licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida), así como la existencia de información disponible y cumple con los requerimientos legales en materia de transparencia.

También el IMCO evalúa si existen sistemas informáticos y plataformas electrónicas que permitan el desarrollo del procedimiento de contratación y su divulgación al público; así como si las leyes locales exigen que los gobiernos locales sean sujetos a auditoria.

En torno a responsabilidades de los Servidores Públicos, refiere el nivel de dificultad para aplicar sanciones a servidores públicos o a particulares, y verificación de la instauración del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, instancia encargada de la emisión de lineamientos y criterios indispensables para la entrada en vigor de la legislación en materia de responsabilidades administrativas.

EL IMCO repasó que el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE), en materia de contabilidad gubernamental y rendición de cuentas tenía un cumplimiento promedio del 53 por ciento de los criterios mínimos y únicamente nueve entidades federativas habían conseguido calificaciones aprobatorias.

De acuerdo con la última medición del índice en 2017, seis estados cuentan con un nivel de cumplimiento del 100% (Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Jalisco y Puebla). No obstante, en otros casos como Ciudad de México (57.3%), Veracruz (61.2%) y Tamaulipas (62.9%) persisten retos.

PUEBLA LO BUENO

La licitación pública es la regla general para adjudicar contratos, a su vez, se descalifica o no se adjudica el contrato si se comprueban actos de colusión.

Además, no se exige el registro ante el Padrón de proveedores para participar en un procedimiento de licitación. Y se establece que cualquier procedimiento podrá estar sujeto a auditoría por una autoridad de control.

PUEBLA, LO MALO

La legislación cuenta con diversas debilidades, destacando la falta de mecanismos de arbitraje y conciliación y que no se prevén las fuentes de información con las que se pueda realizar una investigación de mercado.

A su vez, la legislación no regula la actividad del Poder Judicial, Legislativo y organismos autónomos. Existen también preferencias a contratistas que empleen recursos humanos e insumos propios de la región. Y en el caso de la modificación de contratos, permite su modificación más allá del umbral del diez por ciento.

 

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