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Obligados a declarar más de 43 mil funcionarios en Puebla bajo Ley 3de3 PDF Imprimir E-mail
Finanzas Personales
Escrito por Redacción Urbeconómica   

Aproximadamente 2 millones 283 mil 720 servidores públicos en el país tienen la obligación de presentar la declaración de intereses junto con la patrimonial a más tardar este 31 de mayo, tal y como lo especifica la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) 3de3.

 

En el caso de Puebla, un total de 43 mil 925 servidores públicos enfrentan esta situación, destacó Germán Reyna Y Herrero, socio- director de ARH Consultores.

Explicó que éste un momento histórico para México, porque los funcionarios públicos nunca antes se habían enfrentado a la obligación de realizar una declaración de conflicto de interés, la cual consiste en notificar las situaciones en las que los intereses personales, familiares o de negocios que pueden afectar el desempeño independiente o imparcial de sus empleos, cargos, comisiones o funciones.

La LGRA en su artículo 46 indica que se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los servidores públicos que deban presentar la declaración patrimonial en términos de esta Ley y son las secretarías y los órganos internos de control las que se encargarán de que las declaraciones sean integradas al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal.

De no hacer su declaración, Reyna Y Herrero enfatiza que el funcionario público estará incurriendo en una falta grave por “ocultamiento de conflicto de interés” y las sanciones serán impuestas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o las salas especializadas, así como sus homólogos en las entidades federativas.

Las sanciones pueden ir desde la suspensión del empleo, cargo o comisión (de 30 a 90 días naturales, destitución del empleo, cargo o comisión; una sanción económica, la cual será impuesta por el Tribunal y ejecutada por el SAT o la autoridad competente de la entidad federativa, hasta la  inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.