Por: Carlos Serrano
Los ingresos fiscales el año próximo podrían ser menores a los estimados, lo cual presentaría al gobierno la disyuntiva de tener que recortar el gasto o aumentar el endeudamiento (en principio no se podría superar el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso, pero en la práctica el gobierno puede hacerlo argumentando que hay circunstancias económicas extraordinarias; en el sexenio anterior se recurrió a este argumento para exceder el límite de endeudamiento durante los tres primeros años).
De optarse por el camino de incrementar la deuda, en el caso de que el crecimiento económico se ubique cerca del consenso del mercado, el endeudamiento público como porcentaje del PIB aumentaría pero seguiría en niveles sostenibles, con lo que el país conservaría la calificación crediticia de grado de inversión por lo que resta de esta administración.
Sin embargo, cada vez se tendrá menos margen de maniobra fiscal en buena medida debido a que el costo del servicio de la deuda aumentará en los próximos años (tan solo en 2023 será 13% mayor a 2022) dado el entorno de mayores tasas de interés y a que el gasto por concepto de pensiones crecerá en la próxima década en un 0.4% del PIB en promedio cada año.
El propio gobierno parece reconocer este menor margen de maniobra al proponer un déficit fiscal de 3.6%, mayor al de los últimos años: entre 2020 y 2022 dicho déficit como porcentaje del PIB fue de 3%.
Por lo anterior, será imprescindible que el próximo gobierno implemente un plan para aumentar la recaudación. Esto deberá hacerse mediante un aumento de la base y no aumentando las tasas de impuestos (salvo para las personas físicas que obtienen los ingresos más altos), lo cual requerirá de una reducción en los niveles de informalidad. Además, es necesario replantear el sistema de coordinación fiscal de tal suerte que Estados y municipios tengan incentivos para recaudar impuestos locales como el predial y la tenencia de automóviles.
A la luz de lo comentado, ofrezco algunas reflexiones acerca de cómo mejorar el marco fiscal vigente en nuestro país. En primer lugar, se deberían utilizar los pronósticos de crecimiento de organismos internacionales, del consenso de analistas del sector privado o, mejor todavía, los de un Consejo Fiscal independiente.
Desde luego que todos los pronósticos pueden fallar, pero tomar alguno no elaborado por el propio gobierno podría eliminar el sesgo a sobrevalorar el crecimiento por cuestiones políticas.
En segundo lugar, si queda claro que, por cualquier motivo, los ingresos fiscales serán menores a los estimados y se decide hacer un recorte al gasto para cumplir con el techo de endeudamiento, éste debería ser aprobado por el Congreso de tal forma que no sea el Ejecutivo el que termine tomando decisiones de gasto de forma arbitraria, sino el poder facultado para dichas decisiones que es el Legislativo. De la misma forma, si los ingresos resultan ser mayores a los proyectados, como sucede con frecuencia cuando el precio del petróleo resulta ser mayor al estimado, el destino del
gasto adicional también debería ser acordado por el Congreso. Estos ajustes podrían hacerse en el marco de una revisión con base en los datos macroeconómicos disponibles a mitad del ejercicio fiscal, o antes, de presentarse desviaciones significativas.
En tercer lugar, me parece correcto que se tenga la flexibilidad de poder exceder el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso.
Esto es deseable en situaciones en las que se presenta una contracción económica y se decida implementar una política fiscal contracíclica (la crisis desatada por la pandemia en 2020 hubiese sido una buena ocasión
para ello). Pero la decisión de determinar que se está ante circunstancias económicas especiales, como una recesión, no debería recaer únicamente en el Ejecutivo. Esto también debería ser idealmente decidido por un Consejo Fiscal independiente, como los que existen en Chile o España, con el fin de evitar que se presenten casos de endeudamiento excesivo, fundamentados por cuestiones políticas y no económicas, como los observados en los tres primeros años del sexenio anterior.
México hoy tiene un mejor perfil fiscal que el de la mayoría de países emergentes. Sería deseable fortalecer el marco legal con el fin de preservar este sano equilibrio y con ello asegurar mejores condiciones de financiamiento para el gobierno, haciendo posible mayores niveles de inversión pública.
El Financiero (México)
